La asociación de vecinos Cuartón Parque ha lamentado que, después de casi 30 años de quejas, escritos, informes y denuncias "que no sirvieron para nada", el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó una sentencia por la cual daba la razón a la empresa propietaria de la urbanización El Cuartón, obligando al Ayuntamiento de Tarifa a obtener y asumir las calles y zonas verdes de la urbanización mediante su expropiación.
Para los vecinos de El Cuartón, el Ayuntamiento de Tarifa "ha venido actuando de forma negligente durante más de 30 años, siendo advertido por el Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 1993 en distintos expedientes del coste que para las arcas públicas supondría, y del atentado contra todas las normas superiores que, con esta dejación urbanística, (se) estaba(n) cometiendo".
"Esta negligencia no es otra que, a pesar de no estar construida la urbanización, en 1995 otorgó la clasificación de suelo urbano; y en el año 2010, en la adaptación del Plan General a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y sin estar construida la urbanización, le otorgó el grado de urbano consolidado", han señalado desde el colectivo vecinal.
La entidad ha añadido que, "como quiera que en todo este tiempo el Ayuntamiento, léase, responsables políticos y funcionarios públicos habidos desde el año 1983, ni promovió la terminación de la urbanización ni reclamó al responsable, léase, a su dueño, con el objeto de obtener y asumir las calles y zonas verdes, y habiendo transcurrido el plazo que la nueva Ley le otorgaba para obtenerlas, ahora se le da la razón a dicho propietario a solicitar su expropiación, es decir, a recibir un justiprecio de la administración urbanística responsable, léase, del Ayuntamiento de Tarifa".
Indignación vecinal
"Mayor indignación tienen los vecinos porque, según el Plan General, el destino de dichas calles y zonas verdes es público, y su propietario debía entregarlos al Ayuntamiento libre y gratuitamente, cosa que hizo el propietario de la urbanización antes de iniciar el contencioso y que fue rechazado por este Ayuntamiento porque la urbanización sigue sin estar construida ni terminada", han expresado desde la asociación de vecinos.
"¿Y ahora qué? Unas calles y servicios públicos que debían obtenerse gratuitamente ahora hay que pagarlas, y mayor perjuicio sin estar construidas ni terminadas. Pagarlas con dinero público, de nuestros impuestos, dinero que irá de menos a la educación, a la sanidad pública o a los servicios sociales y municipales. ¿A quién, o a quiénes, hay que pedir responsabilidades en este caso?", se preguntan desde la entidad.
Los vecinos de El Cuartón consideran que "no todo es dinero, también es el agotamiento moral y económico de docenas de pleitos y demandas, y del malestar entre los vecinos, quienes vinieron a vivir con una seguridad jurídica y urbanística que han sido quebrantadas por el Ayuntamiento de Tarifa y por otros vecinos que han forzado el régimen jurídico para pretender subrogar a todos en los costes de conservación de la urbanización, léase, el obligado a conservarla es su propietario, el mismo que va a ser indemnizado por el Ayuntamiento de Tarifa".
Por ello, la asociación de vecinos se pregunta si "con todo esto no debiera intervenir el derecho penal, pues no es más insoportable para el sistema jurídico que esta contravención flagrante, disparatada y absurda de la dejación de la actividad administrativa, y de la distorsión jurídica de algunos vecinos que han perjudicado a las arcas públicas, a la administración de justicia y a la vida de muchos vecinos de esta urbanización".
