Un informe de la Diputación aclara que la competencia para prevenir la pandemia en las escuelas es de la Junta
Las obligaciones atribuidas a los ayuntamientos por la Junta de Andalucía, ante la próxima apertura de los centros escolares, ha motivado varias solicitudes de asistencia jurídica planteadas desde diferentes entidades municipales ante la Diputación de Cádiz. En no pocas alcaldías se ha manifestado la imposibilidad de atender las campañas extraordinarias de desinfección, a tenor de la intensidad, especialización y coste adicional de estos servicios. La respuesta de la Diputación de Cádiz, ya trasladada a los ayuntamientos gaditanos, se concreta en un informe realizado por la asesoría jurídica de la institución provincial que, entre otras conclusiones, aclara que "es competencia de la Junta de Andalucía el establecimiento de medidas que en cada momento se consideren necesarias para prevenir o contener la epidemia de COVID-19 en los centros docentes".
El análisis jurídico determina el marco de competencias exigible a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos. Así, se reconoce la obligación de las entidades municipales con la conservación, mantenimiento o vigilancia en los centros donde se imparta segundo grado de Infantil, Primaria y Educación Especial, si bien el ejercicio de las facultades está determinado por las disposiciones que establezca la comunidad autónoma. La implicación de los ayuntamientos encuentra su cauce natural y ordinario en los consejos escolares, en los que cuentan con representación.
No obstante, las circunstancias actuales -producto de la actual crisis sanitaria- son extraordinarias y justifican que se refuerce el principio de coordinación entre administraciones, tal como establece la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). En el informe de la Diputación de Cádiz se indica que si los servicios demandados a los ayuntamientos suponen la asunción de nuevas competencias, "su atribución tendría que hacerse bien mediante transferencia -por norma con rango de ley-, bien mediante delegación a través de un decreto con aceptación voluntaria del ayuntamiento, o bien mediante encomienda de gestión por convenio. En todos los casos, acompañados de los recursos financieros necesarios".
Por lo tanto, el informe incide en la reserva de ley, para el caso de que los nuevos servicios que se demandan constituyan una nueva competencia. De hecho, el informe especifica que "las disposiciones reglamentarias que puedan dictarse para el establecimiento de medidas de prevención o contención de la pandemia, o los protocolos que se aprueben en ejecución de estas disposiciones, carecen de rango normativo para imponer unilateralmente nuevas obligaciones a los municipios", conforme a las previsiones del artículo 17 de la LAULA.
"Y si no es necesario atribuir nuevas competencias -se expresa en el informe- pero las medidas comportan para los ayuntamientos nuevos gastos, o la ampliación de los ya existentes, la Junta de Andalucía está obligada a dotarlos de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras". Así, el aspecto financiero es una de las claves del análisis jurídico, al entender que la asunción de los costes por parte de la Junta de Andalucía es una cuestión exigible, por respeto a la autonomía municipal y como cumplimiento de la suficiencia financiera y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Preocupación ante el inicio del curso escolar
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha reconocido su "preocupación por las medidas que está adoptando la Junta de Andalucía ante el inicio del curso escolar. En ese sentido, la Diputación estaba obligada a aclarar, desde el punto de vista jurídico, qué papel deben jugar los ayuntamientos. El informe es claro y determina que las medidas de prevención para garantizar una vuelta segura al colegio, en materia de desinfección, es una competencia clara de la Junta de Andalucía. Y en el caso de que se le atribuya dicha competencia a los ayuntamientos deberá garantizarse, desde el punto de vista económico, la suficiencia financiera".
Desde que a mediados del pasado mes de marzo se declarara el Estado de Alarma, García ha enviado diferentes cartas al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para demandarle encuentros de coordinación institucional, o bien para trasladarle propuestas colectivas (como por ejemplo la adopción de programas específicos de empleo) en nombre del Consejo de Alcaldías. "Esa petición de encuentro también se ha demandado, en dos ocasiones, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sin obtener respuesta alguna", ha afirmado García, quien ha lamentado que el silencio impida establecer un marco de cooperación y de diálogo directo con asuntos de vital importancia para los municipios de la provincia de Cádiz.