Una vivienda ruinosa de La Bajadilla en Algeciras figuraba como residencia de 15 personas de nacionalidad extranjera
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a tres personas y están investigando a una cuarta por su implicación en delitos de falsedad documental y favorecer la inmigración irregular. Los implicados cobraban entre 300 y 500 euros por realizar empadronamientos ficticios, facilitando con ello la obtención de permisos de residencia y trabajo a personas extranjeras.
La investigación policial, iniciada durante abril de 2024, se centró en un incremento de empadronamientos sospechosos en domicilios de la ciudad. En uno de ellos, una vivienda en estado ruinoso del barrio de La Bajadilla, figuraba como residencia de 15 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera, que carecían de vínculos laborales, sociales o afectivos en la ciudad.
Los agentes comprobaron que al menos 13 de esas personas nunca habían residido en dicho domicilio. Éstas habrían pagado hasta 500 euros para obtener un empadronamiento que posteriormente utilizarían como base para tramitar permisos de residencia y trabajo.
La investigación reveló que dos de los detenidos actuaban como intermediarios entre los interesados y los propietarios de las viviendas. Los contactos iniciales se realizaban en cafeterías de la ciudad, donde, tras recibir el dinero acordado, se entregaba la documentación necesaria para formalizar el empadronamiento en la Oficina del Padrón Municipal de Algeciras.
Como resultado de las actuaciones policiales, se procedió a la detención de tres personas implicadas y se instó al Registro Municipal a dar de baja a las personas empadronadas de manera fraudulenta.
LEY DE EXTRANJERÍA
La Policía Nacional subraya que estas prácticas fraudulentas son utilizadas por personas en situación irregular para cumplir con el requisito de permanencia en España. Sin embargo, estas acciones constituyen infracciones graves de la Ley de Extranjería, que pueden ser sancionadas con multas de entre 501 y 10.000 euros. En los casos más graves, las personas implicadas podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años, tal y como establece el Código Penal.
La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra este tipo de prácticas, que además de vulnerar la normativa vigente, contribuyen al desarrollo de redes que favorecen la inmigración irregular.