La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha anunciado la licitación de 32 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en la comarca del Campo de Gibraltar correspondientes a tres contratos, uno destinado a trabajadores desempleados de los sectores agrario, industrial, apoyo a las empresas y comercio; otro para el sector de la hostelería y el turismo; y un tercero para personas trabajadoras desempleadas del sector de la construcción.
En total, se beneficiarán de las enseñanzas de FPE en la comarca más de 480 personas desempleadas a las que habría que sumar los estudiantes de los cursos que se impartirán en el Campo de Gibraltar de un cuarto contrato dirigido a personas ocupadas en el sector de las tecnologías dentro del marco del proyecto Andaluces Digitales. Gracias al contrato se desarrollarán 85 cursos en la provincia gaditana para que 1.275 trabajadores actualicen sus competencias digitales, en niveles básicos y más avanzados.
En el conjunto de Cádiz, se licitan 206 cursos de FPE con un presupuesto de 7.121.311,56 euros, que permitirán a 3.090 personas recibir una cualificación en las ocupaciones más demandadas por los principales sectores productivos gaditanos.
Los cursos se enmarcan dentro del procedimiento de contratación iniciado el martes 31 de marzo por la Consejería por 41,1 millones de euros para los cursos de la FPE. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado los anuncios previos de información de la licitación.
El anuncio de las licitaciones se ha visto afectado de pleno con el anuncio, por parte del Gobierno español, de nuevas actuaciones que suponen derivar las partidas de los fondos propios de las comunidades autónomas para la FPE para el pago de las prestaciones por desempleo. Según la Junta de Andalucía, "se trata de una medida tomada sin consenso y a la que Andalucía ha contestado con indignación, al entender que existen otras fórmulas de financiación que permiten tanto el pago de las prestaciones como la puesta en marcha de políticas activas de empleo, especialmente en la situación actual en la que es más necesario que nunca para las personas trabajadoras y desempleadas contar con cualificación para poder mantener su empleo o acceder al mercado laboral".
Proyectos singulares
Así, de los 41,1 millones, 31 millones están destinados a la obtención de certificados de profesionalidad por personas tanto ocupadas como desempleadas. Por otro lado, algo más de 10 millones están destinados a la puesta en marcha de los denominados 'proyectos singulares', ante la demanda que se ha detectado de algunos oficios muy concretos tanto en el sector de la construcción, como en el sector de las nuevas tecnologías.
Los once anuncios, con detalle, corresponden a:
- 8 (uno para cada una de las provincias andaluzas) destinados a trabajadores desempleados de los sectores agrario, industrial, apoyo a las empresas y comercio (26,4 millones de euros).
- 1 para el sector de la hostelería y el turismo en todas las provincias andaluzas (4,3 millones de euros).
- 1 de servicios de formación para personas trabajadoras desempleadas del sector de la construcción en todas las provincias andaluzas (7,1 millones de euros).
- 1 destinado a personas trabajadoras ocupadas de todas las provincias andaluzas en el sector de las tecnologías (3,1 millones de euros). Concretamente, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía licita en cada una de las provincias andaluzas 85 cursos para 1.275 trabajadores ocupados dentro del marco del proyecto Andaluces Digitales, que permitirá actualizar sus competencias digitales, en niveles básicos y más avanzados.
Según ha explicado el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Alberto Cremades, "el Gobierno andaluz cumple así con el compromiso de comenzar la licitación antes del final del primer trimestre, en un momento en el que la formación es fundamental para contribuir a la recuperación de la crisis provocada por la Covid-19: las empresas gaditanas van a necesitar trabajadores bien formados en los próximos meses para cubrir sus necesidades, y las personas trabajadoras en situación de desempleo van a requerir formación específica para tener más oportunidades de reincorporarse al mercado laboral".
"De esta forma -ha continuado Cremades- se recupera la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, tras una parálisis durante años que ha perjudicado a la economía andaluza y que ha supuesto la devolución de 1.300 millones de euros en el período 2012-2018".
La nueva licitación se suma al proyecto piloto iniciado durante el mes de diciembre de 2019, consistente en la licitación de 20 acciones formativas para el certificado de profesionalidad Docencia de la Formación Profesional para el Empleo dirigido a personas trabajadoras desempleadas, y que contó con un presupuesto base de licitación de 714.000 euros, a ejecutar en las ocho provincias andaluzas.
Escasez de formadores
La convocatoria piloto de licitación, a la que han concurrido 151 licitadores quienes han presentado 205 ofertas, está dirigida a paliar la escasez de formadores cualificados para impartir formación conducente a certificados de profesionalidad, una necesidad detectada por la Consejería durante la anterior convocatoria de escuelas taller y talleres de empleo.
El modelo de licitación pública es una apuesta de la Consejería, que, una vez analizado el modelo de financiación de acciones formativas a través de la concesión de subvenciones, detectó que carecía de la necesaria agilidad para garantizar una oferta formativa permanente y de calidad, adaptada a las cambiantes necesidades del mercado de trabajo y que presenta enormes dificultades que impiden garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público.
Por ello, la Consejería ha sustituido el anterior modelo de financiación basado en la convocatoria de subvenciones, por un nuevo modelo de financiación basado en la convocatoria de licitaciones, al amparo de lo previsto tanto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, como en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que hace referencia también a la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación.
Entre las ventajas que aporta el régimen de contratación pública como forma de financiación para la aplicación de los fondos de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, se encuentran la transparencia y la publicidad de los procedimientos, el mayor control de éstos y la consiguiente prevención del fraude de ley, el fomento de la libre concurrencia, la agilidad y la mejora de la eficiencia en la utilización del gasto público.
Otro de los beneficios derivados del nuevo modelo de formación en Andalucía consiste en el reconocimiento del sector de empresas de formación como sector económico emergente y necesario colaborador de la administración pública.
En este sentido, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) ha valorado positivamente, a través de diversos canales de comunicación, la reactivación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía con el nuevo modelo de licitación pública como punto de partida.
El interés mostrado por CECAP también se ha materializado con su asistencia a tres talleres informativos sobre el nuevo modelo de financiación, donde se ha asesorado a las potenciales empresas licitadoras sobre cómo presentar las ofertas una vez iniciado el proceso de contratación de los servicios.
