Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Pablo de Buceite, pedanía de Jimena de la Frontera, a tres miembros de un clan familiar como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación realizada por la UCRIF y remitida al Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque ha permitido descubrir un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 200.000 euros.
Las pesquisas comenzaron durante el pasado mes de mayo, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que una empresa de mantenimiento y desbroce, que realizaba sus labores en carreteras de varios municipios del Campo de Gibraltar, tenía trabajando a personas en situación irregular. Se abrió entonces una investigación cuyo resultado fue la detención de tres miembros de un clan familiar, dos hermanos y la hija mayor de edad de uno de ellos, todos de origen marroquí.
Tras un análisis exhaustivo de la documentación incautada en la entrada y registro en un domicilio de San Pablo de Buceite, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque, así como las pertinentes indagaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social para detectar posibles contrataciones laborales fraudulentas, se ha destapado un fraude a la misma que asciende a más de 200.000 euros.
El grupo criminal familiar conformado por los tres investigados se dedicaba a contratar a trabajadores extranjeros tanto en situación regular como irregular a través de varias empresas, en las que figuran como administradores únicos, relacionadas con el sector de la silvicultura y otras actividades forestales.
Modo de operar delictivo
El modus operandi delictivo consistía en crear una empresa con la que van contrayendo de forma progresiva una deuda con la Seguridad Social, hasta que el valor de la misma es tan elevado que les obliga a parar la actividad y crear una nueva empresa a la que traspasan los trabajadores y con la que vuelven a contraer una nueva deuda, y así progresivamente.
Según se ha podido esclarecer, durante los años que permanecieron activas las diferentes empresas en ningún momento hicieron frente al pago de las cuotas de autónomo ni los seguros sociales de los trabajadores, a pesar de que la deuda iba alcanzando grandes cantidades.
La primera empresa de la que se tiene constancia, actualmente inactiva, contrajo una deuda no saldada de casi 175.000 euros. Otra de las empresas, creada durante 2023 por una de las personas investigadas, se encuentra activa y con una deuda actual contraída con la Seguridad Social que supera los 30.000 euros.
Durante la investigación se comprobó que todos los trabajadores irregulares empleados en las empresas del grupo criminal tienen en común la condición de Solicitantes de Protección Internacional en Territorio Nacional, cuya solicitud ha sido denegada, extremo que impide trabajar en España y sin embargo eludido por las mismas. Según el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es un requisito exigible poseer una Autorización de Residencia y Trabajo.
