Las playas gaditanas estarán controladas este verano por 686 vigilantes
La Junta de Andalucía contratará durante las próximas fechas a un total de 686 gaditanos para ejercer las funciones de auxiliares de control de playas durante este verano para vigilar la costa gaditana dentro de un Plan de Empleo para Playas Seguras 2020, cuya selección del personal se iniciará esta semana a través de la Bolsa Única Común creada por el Gobierno andaluz hace apenas unos meses.
La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha explicado que se llamará a los inscritos dentro de la categoría de personal de servicios generales y el salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales, incluyendo todos los conceptos salariales, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con posibilidad de prórroga si fuera necesario. Para la puesta en marcha, desde el Gobierno andaluz se firmará un convenio con los ayuntamientos de los municipios costeros que requieran del personal de apoyo.
Los auxiliares realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas dentro del plan de contingencia de cada ayuntamiento e informarán a los usuarios quienes accedan a la playa de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes sobre materia de emergencias y protección civil.
También informarán al Cuerpo de Policía Local del municipio costero las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, bajo la dirección del Cuerpo de Policía Local o, en su caso, de los servicios de Protección Civil; recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias en las vías colindantes; registrarán y comunicarán incidencias y, por último, realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.
Formación necesaria
Los requisitos que deben cumplir los inscritos dentro de la categoría de personal de servicios generales son poseer el nivel de formación equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. Para el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se posee una formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado una experiencia profesional específica dentro de la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado un curso de formación profesional directamente relacionado con la categoría, impartido por un centro oficial reconocido para el cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas.
Antes de incorporarse al puesto, recibirán formación específica en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Los trabajadores dependerán de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia en la que presten el servicio, donde existirá la figura de dos coordinadores para gestionar sus turnos de trabajo, incidencias, organización, con la colaboración del ayuntamiento bajo la dirección del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de esa provincia.
La medida de fomento del empleo, que supone también un apoyo al sector turístico andaluz y una defensa de su buena imagen y reputación, se suma al plan económico diseñado por las consejerías de la Presidencia y de Turismo de la Junta de Andalucía para la seguridad y la limpieza en las playas, dotado con 10,5 millones de euros y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de mayo.
Hostelería
Por otro lado, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha resaltado el "compromiso" de la Junta de Andalucía con "un sector tan castigado por la pandemia del COVID-19 como es la hostelería". Así, Mestre ha aplaudido la agilidad, rapidez y diligencia con la que se ha aprobado, a instancia de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, un decreto-ley en el que se autoriza a los ayuntamientos, con carácter temporal y mientras persista la situación de alerta sanitaria y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2020, a ampliar en una hora, hasta las 3.00 de la madrugada, el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería, y de terrazas y veladores.
La iniciativa se incluye dentro del marco de una norma por la que se establecen medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, ante la situación de alerta sanitaria generada por la crisis sanitaria por el coronavirus.
Asimismo, se establece un aforo máximo del 50% en los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno. El Gobierno español ha dejado en manos de las comunidades autónomas determinar el aforo de los locales entre un 40% y un 50% en la Fase 2, y Andalucía ha optado por el máximo permitido para favorecer al sector.
El decreto-ley también recoge una autorización motivada para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las áreas de sensibilidad habilitada para la instalación, entre otros, de terrazas y veladores en la vía pública y en espacios abiertos de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento en sectores con predominio de suelo de uso residencial o de especial protección acústica.
Por ello, con la coordinación de la consejería competente sobre protección contra la contaminación acústica, se delimita el alcance del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica al interior de las edificaciones, lo cual facilitará a los operadores económicos y a los municipios andaluces la aplicación del precepto, dentro de los términos de la normativa de protección contra la contaminación acústica, sin menoscabo del derecho al descanso de la ciudadanía.