Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Los Barrios, municipios campogibraltareños enclavados en zonas de Transición Justa, podrán presentar proyectos empresariales alternativos generadores de empleo a la convocatoria de ayudas de 50 millones de euros que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, convocará de forma inminente en las zonas del país afectadas por la transición energética, entre ellas la comarca del Campo de Gibraltar.
Tal como requiere el importe, el último Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de autorizar al ITJ la convocatoria para 2023 de las ayudas por importe de 40 millones de euros de fondos propios dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de Transición Justa. A esta cantidad, el ITJ adicionará una partida 10 millones de euros destinada a pequeños proyectos de inversión con idénticos objetivos. Las dos órdenes ministeriales que regularán ambas convocatorias de ayudas se publicaron en el BOE el pasado 14 de diciembre.
Las ayudas se otorgarán en cuatro anualidades hasta 2026, de manera que durante 2023 se distribuirán seis millones, nueve durante 2024, 12,5 millones durante 2025 y otra cifra similar para el ejercicio 2026.
El delegado del Gobierno central en Andalucía. Pedro Fernández, ha animado a «las iniciativas privadas a optar a estas ayudas que contribuirán a solucionar un problema social y económico derivado del cierre de la actividad minera y térmica en sus territorios, pues contarán con un respaldo económico público que les otorgará viabilidad a sus proyectos».
La finalidad de las ayudas es promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas afectadas por el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, así como su entorno, con el fin último de generar actividades económicas alternativas en dichas zonas, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de los ya existentes para incentivar el desarrollo de estas zonas, considerando su condición de regiones desfavorecidas.
Además, se prestará especial atención a los proyectos que contemplen emplear a los colectivos de trabajadores que han perdido su empleo debido a los cierres y a aquéllos que ya plantean dificultades de empleabilidad actualmente (mujeres, mayores, jóvenes y personas con discapacidad).
Se consideran proyectos empresariales aquéllos que requieren una inversión mínima de 100.000 euros y crean al menos tres puestos de trabajo. Por su parte, los pequeños proyectos de inversión deberán invertir un mínimo de 30.000 euros y comprometerse a mantener el empleo durante los tres años siguientes o crear al menos un puesto de trabajo para las nuevas iniciativas.
