Un médico de Urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción ha sido agredido el pasado lunes 15 por una usuaria a la que atendía, según la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Dirección del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, organismos que han mostrado su repulsa y condena a los dos nuevos episodios de violencia acaecidos en los últimos días contra profesionales sanitarios en el desempeño de sus labores asistenciales en la comarca, y que han trasladado su apoyo a esos trabajadores de la sanidad pública andaluza.
La presunta agresora ya ha sido detenida y hoy miércoles 17 se juzgan los hechos en un juicio en el que la víctima está representada por la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La delegada de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha contactado personalmente con el profesional agredido nada más conocer los hechos para ponerse a su disposición y mostrarle su respaldo y solidaridad.
Trabajadores del Hospital de La Línea de la Concepción se concentrarán el 18 de julio a las 10.00 horas en la puerta del centro sanitario para rechazar el nuevo episodio de violencia a un trabajador de la sanidad pública en la comarca.
Último episodio violento
El anterior episodio de violencia contra profesionales de la sanidad pública en la comarca tuvo lugar el pasado viernes 12, cuando un técnico de emergencias sanitarias sufrió la agresión de un usuario que había dejado su vehículo particular en la plaza destinada para ambulancias en el centro de salud del Saladillo, en Algeciras. Según la Delegación Territorial de Salud y Familias, al no encontrar al propietario del coche, tuvieron que llamar a la grúa, lo que provocó la reacción violenta contra el profesional por parte del presunto agresor, quien fue detenido por la Policía Nacional. La empresa concesionaria de ambulancias ha aplicado su protocolo interno ante estos casos y uno de sus abogados representa a este trabajador agredido en el juicio que se celebra hoy miércoles 17.
La Delegación Territorial de Salud y Familias recuerda que la agresión física o la intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. Asimismo, desde la Consejería de Salud y Familias se están desarrollando nuevas medidas más efectivas para proteger a los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, con el impulso, incluso, de una ley autonómica para este tipo de hechos.
También el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha condenado los hechos y considera que la situación de los profesionales de la sanidad pública "es cada vez más preocupante, ya que existen ciudadanos que no atienden a razones verbales y haciendo uso de la fuerza quieren conseguir sus pretensiones".
UGT ha exigido que la Junta de Andalucía "use la imaginación" para garantizar la seguridad de los empleados públicos y evitar hechos de esta índole, "donde se ponen en riesgo la integridad física de estos trabajadores".
